Cuando el Estado viola derechos: amenazas de desalojo de la comunidad quilombola de Isla de Mercês por parte de la empresa pública CIP-Suape – Pernambuco - Brasil

Nicola Sossass

Autore: Luísa Duque Belfort de Oliveira, Mariana Vidal Maia Monteiro, Magno Manoel de Araújo

En el litoral sur del estado de Pernambuco (región noreste de Brasil), la comunidad quilombola de la Isla de Mercês viene sufriendo ataques sistemáticos contra su territorio por parte del Complejo Industrial Portuario – SUAPE, empresa pública del estado de Pernambuco. Con el desalojo masivo intensificado a partir de 2010, quedan 213 de las 800 familias.

Organización:

Fórum Suape – Espacio Socioambiental

Localización (ciudad, región, Brasil): Ipojuca, Pernambuco, Brasil

Tipo de desalojos:

Desalojo en territorio quilombola ^[2] , donde la comunidad desarrolla también la agricultura familiar y la pesca artesanal

Número de desalojados:

% Mujeres: 40%

% Niños: 20%

Organizaciones movilizadas (nombre y correo electrónico):

Centro de Mujeres del Cabo

FASE - Federación de Órganos para Asistencia Social y Educacional

Comisión Pastoral de la Tierra – Regional NE II

Both ENDS

Conectas Derechos Humanos

GAJOP – Gabinete de Asesoría Jurídica para las Organizaciones Populares

Consejo Pastoral de los Pescadores

Asociación Quilombola Isla de Mercês

Presentación del caso de desalojo (máximo 1 página) indicando:

A 50km de Recife, en el municipio de Ipojuca, cerca de 800 familias quilombolas de la comunidad de Isla de Mercês viene sufriendo ataques sistemáticos contra su territorio por parte del Complejo Industrial Portuario – SUAPE, empresa pública del estado de Pernambuco. Suape se apropió de una extensa área de 13.500 hectáreas en el litoral sur de Pernambuco para la instalación de un puerto y de un parque industrial, que hoy cuenta con más de 100 industrias. De esa área total, 4.333 hectáreas representan el territorio ancestral de la comunidad. La comunidad quilombola de Mercês es una de las 30 comunidades nativas afectadas por el desarrollo empresarial en la citada región.

Con la implementación y la reciente ampliación del Complejo, que se dio a partir del año 2000 y se intensificó a partir de 2010, se llevó a cabo un desalojo masivo de las familias quilombolas, quedando, hoy, 213 familias y 1.634 hectáreas en posesión de la comunidad. Las familias desalojadas se sintieron presionadas para aceptar los acuerdos propuestos por la empresa, basados en el pago de indemnizaciones irrisorias. Todas ellas pasaron a vivir en la miseria en las periferias de los centros urbanos. Las que todavía resisten en el territorio han convivido con constantes amenazas por parte de esos “guardias” armados, que han actuado como verdaderas milicias: prohíben las plantaciones, destruyen los cultivos y pequeñas reformas sin orden judicial alguna, roban materiales de construcción, amenazas y andan armados por el territorio aterrorizando a quienes todavía resisten.

La comunidad reaccionó a los desalojos y a la violencia por parte de los funcionarios de la empresa pública organizándose para luchar de manera colectiva por su territorio. La primera estrategia consistió en buscar la formalización del autorreconocimiento como comunidad quilombola ante el Estado, por medio de la certificación de la Fundación Cultural Palmares, lo que le dio más visibilidad y aumentó el alcance de las reivindicaciones.

Otra estrategia adoptada ha sido la articulación con organizaciones locales y con las demás comunidades afectadas por la empresa pública en la región – cerca de 30 en total. Esta unión entre afectados fue y ha sido fundamental para aumentar el poder de presión sobre las autoridades y la visibilidad del conflicto. Esta articulación promovió actos públicos con el fin de obtener del gobierno del estado de Pernambuco, administrador de la empresa pública, respeto para las comunidades nativas de la región.

La gravedad y la magnitud de las violaciones de derechos cometidas por el Complejo Industrial Portuario de Suape contra las comunidades de la región, incluida Mercês, llevaron a las ONG brasileñas a elegir el Caso Suape, en 2017, como el caso emblemático de no respeto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por parte de Brasil. El caso también fue reportado a la ONU para ser analizado en sede de la Revisión Periódica Universal.

Gracias a las movilizaciones e incidencias políticas, la Defensoría Pública de la Unión, en conjunto con el Ministerio Público Federal y el Ministerio Público del estado de Pernambuco emitieron una Recomendación Conjunta al Complejo Industrial y Portuario de Suape en defensa de la comunidad quilombola de Isla de Mercês, determinando que la empresa se abstenga de: 1) hacer nuevas incursiones por la comunidad sin autorización de los habitantes, 2) intentar negociaciones para el retiro de las familias, 3) prohibir y restringir la reforma y la construcción de casas por parte de los habitantes y 4) impedir la explotación sostenible del área por parte de la comunidad, entre otras medidas. La empresa pública, sin embargo, y no es raro, no respeta el documento, enviando a sus funcionarios para rondar el territorio.

Propuestas de solución (máximo 5 líneas):

El objetivo primordial de la comunidad consiste en reivindicar el derecho de permanencia en el territorio, siendo la titulación definitiva do territorio el instrumento jurídico reivindicado para hacer efectivo el derecho. En relación con la empresa pública, la comunidad lucha para que la empresa pública, como ente de la Administración Pública, respete las normativas alcanzadas a la cuestión quilombola y se abstenga de violar los derechos territoriales de la comunidad. Para las familias que ya fueron desalojadas y cuyo retorno al territorio se muestra inviable, en virtud de la instalación de grandes empresas, la alternativa prevista es en el sentido de reivindicar políticas de reubicación adecuadas, orientadas a atender las necesidades específicas de la comunidad tradicional.

Las Instituciones / Personas responsables de estos desalojos:

Complejo Industrial Portuario – SUAPE, empresa pública administrada por el gobierno del estado de Pernambuco

[2] Comunidades descendientes de esclavos negros que se fugaron de los ingenios de azucar en el periodo de la esclavitud.

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Tribunal Internacional dos Despejos , Campanha Despejo Zero

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